Un terremoto político estremece a Colombia

GONZALO GUILLEN / ENH

BOGOTA

BOGOTA --

El presidente Alvaro Uribe desató un terremoto político y jurídico en Colombia al anunciar que buscará la repeti- ción inmediata de las elecciones de mayo del 2006, en las que consiguió un segundo período consecutivo que terminará en el 2010, ante la posibilidad de que la Corte Constitucional anule los resultados electorales que le dieron el triunfo.

Uribe pretende así enfrentar los efectos jurídicos de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que el jueves condenó a prisión en última instancia a la congresista Yidis Medina por haber recibido sobornos del gobierno con el propósito de que votara a favor de una reforma constitucional que creó la figura de la reelección presidencial inmediata para beneficiar directamente al actual mandatario.

El voto de Medina, cuya posición era contraria a la reelección, fue definitivo para que la reforma constitucional fuera aprobada en el 2004. De acuerdo con la Corte Suprema, el soborno de Medina para permitir la reelección del presidente Uribe ‘‘fue expresión de una clara y manifiesta desviación de poder''.

En su respuesta, Uribe denunció que esta crisis es una "trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia''.

Aunque la decisión de la Corte Suprema no tiene apelación posible en el caso de Medina, Uribe dijo que el tribunal "ha desestimado elementos probatorios que le han sido presentados, conocidos por la opinión pública, para demostrar que el delito de cohecho no se dio y que la persona autoincriminada [Medina] cometió otros deli- tos, como la periódica extorsión a funcionarios públicos, tal cual lo concluiría cualquier observador objetivo''.

"La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia'', afirmó Uribe, "aplica justicia selectiva''. El mandatario anunció que, ante la decisión de la Corte, "convocaré al Congreso de la República para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de la elección presidencial del 2006''.

El fallo condenatorio de Medina y los efectos judiciales que podría tener sobre la legitimidad de las elecciones del 2006, dijo Uribe, tiene "el propósito de desvirtuar la transparencia democrática en la aprobación del Acto Legislativo de reelección presidencial, al acusar esta decisión de desviación de poder''.

La Corte Suprema estableció que Medina también sirvió de intermediaria para sobornar al representante a la Cámara Teodolindo Avendaño, caracterizado opositor de la reelección, para que se ausentara del Congreso en el momento de la votación, motivo por el que está preso a la espera de ir a juicio.

Medina se declaró culpable del delito de cohecho, entregó pruebas que demostraron las prebendas que recibió en dinero efectivo así como de empleos en el gobierno para seguidores suyos.

La congresista acusó entre otros funcionarios a los ministros del Interior, Sabas Prepelt (hoy embajador en Roma), y de Bienestar Social, Diego Palacios, como los responsables de la operación para que los sobornos les llegaran a ella y a Avendaño.

Palacios, quien niega los cargos, anunció ayer que enjuiciará ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a todos los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por haber aceptado las afirmaciones de Medina contra él y el gobierno que, según afirmó, son "totalmente falsas''.

"Vamos a presentar la denuncia por falsas imputaciones'', dijo Palacios durante una breve presentación ante la prensa que hizo acompañado por Uribe, quien aprovechó para recordar que el narcotraficante y paramilitar Salvatore Mancuso, recientemente extraditado a Estados Unidos, había afirmado que la Corte Suprema fue infiltrada por su organización.

"¿Por qué esto no se ha investigado?", preguntó el mandatario.

En la sentencia condenatoria contra Medina, la Corte Suprema de Justicia determinó enviar copias del caso a la Procuraduría general de la Nación, a la Fiscalía General y a la Corte Constitucional para que examinen las diversas consecuencias posibles del delito cometido por Yidis Medina.

La Corte Constitucional podría revisar la legalidad de la reforma constitucional que introdujo la figura de la reelección presidencial y concluir que se trata de un acto nulo por haber sido fruto de un delito ya establecido y sancionado.

El delito de cohecho, consistente en bonificar a funcionarios públicos para que observen un comportamiento determinado, exige que la justicia no se detenga en la condena a Medina sino que se debe buscar a quien la sobornó.

"La consecuencia es obvia: el dueto criminal tiene que ir a la cárcel. Si se llegara a condenar sólo a la que recibió y no al que dio o a los que dieron, eso sería como imaginarse un homicidio sin muerto'', sostiene el jurista Darío Martínez, miembro de la comisión de asuntos constitucionales del Senado.

Por su parte, el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez consideró que "la condena de Yidis implica que la [Sala Penal de la Corte Suprema de] Justicia de Colombia reconoce que esa reforma constitucional fue el producto de un acto de corrupción''.

Los principales expertos en derecho constitucional de Colombia se expresaron ayer para sostener que la pro- puesta presidencial de referendo no parece viable y su aplicación demandaría un trámite de por lo menos un año en el Congreso y la Corte Constitucional.

Jaime Castro, ex magistrado y ex ministro del Interior, consideró que la posición presidencial es ‘‘precipitada y desproporcionada. Los gobiernos son los guardianes del manicomio y no deben contaminarse de la locura''.

Una segunda elección en las condiciones planteadas por Uribe, de acuerdo con los especialistas, sería imposible pues su principal contrincante en esos comicios, el ex presidente de la Corte Cons- titucional y candidato del partido Polo Democrático, Carlos Gaviria, consideró ayer que la propuesta es absurda y dijo que no participaría en una repetición de la jornada electoral.

El tercer candidato en contienda en las elecciones del 2006, Horacio Serpa del Partido Liberal, declaró que tampoco participaría, entre otras razones porque hoy es el gobernador del departamento [provincia] de Santan- der y la ley señala que el aspirante a la Presidencia debe llevar por lo menos un año separado de su último cargo público.

Armando Benedetti, prominente senador de la bancada oficialista, sostuvo que lo que hay es "un show mediático. La reelección fue aprobada por la mayoría del Congreso y Uribe fue reelegido con más de siete millo- nes de votos''.

Pero el senador Héctor Elí Rojas, del Partido Liberal, denunció que lo que Uribe ‘‘busca en realidad es un ple- biscito para quedarse en el poder, una excusa para el tercer mandato''.

Esta posibilidad fue descartada de inmediato por el portavoz del mandatario, César Mauricio Velásquez, quien ayer leyó un comunicado según el cual, "el único interés de la propuesta del presidente es confirmar la legitimidad de su elección para el período 2006-2010''.